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Según "El Libro Amarillo", el 28 % de opositores políticos encontrados
pertenecían a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las cinco
organizaciones que conformaron el Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN) en la época del conflicto
armado salvadoreño. Archivo/Imágenes Libres. |
Por Miguel
Villela
Antropólogo
Durante el Siglo
xix, en Estados Unidos de Norteamérica, se llevó a cabo la colonización de los
territorios occidentales de lo que hasta ese momento era conocida como la
Unión. Aunado al exterminio de los indígenas, la construcción del ferrocarril,
la fiebre del oro y muchos otros acontecimientos, las figuras del “comisario” y
el “alguacil” jugaron un papel importante en el mantenimiento del orden, en contra
de toda aquella persona potencialmente violenta y dispuesta a infringir la ley,
y más aún, en la búsqueda de cualquier delincuente que fuera requerido por la
justicia. Dentro de ese ambiente, es común leer relatos o ver películas en las
cuales se muestra también a un cazador de recompensas en la búsqueda de algún
“forajido” y con un cartelito con el retrato dibujado de la persona buscada, en
el cual también se agregaba el monto de la recompensa bajo la consigna “se
busca vivo o muerto”.
Dicha práctica ha
llegado hasta la actualidad en diversos países, pero fue muy común que, durante
las décadas de 1970 y 1980 en El Salvador, los distintos cuerpos de seguridad
ahora extintos (Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional, ORDEN,
defensas civiles) y la Fuerza Armada, mantuvieran en sus diferentes puestos y
locales carteles con fotografías de personas que eran buscadas por pertenecer a
cualquier organización que tuviera algún vínculo con alguna de las cinco
fuerzas que integraron el FMLN, con algún sindicato, con las comunidades
eclesiales de base, por ser maestro, estudiante universitario, defensor de los
derechos humanos o político de izquierda y, en general, por mostrar algún
desacuerdo, oposición o crítica a los gobiernos en turno durante esas décadas,
los cuales fueron llamados “enemigos”, “subversivos” o “guerrilleros” por los
miembros de estas estructuras del Estado salvadoreño.
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San Salvador, El Salvador. Octubre 1983.
Prisión de la Guardia Nacional. Visita a detenidos. CICR/Edouard Winiger. |
Muchos de estos
carteles con fotografías y los listados de personas que estaban en los locales
de los extintos cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada fueron extraídos de un
documento que ahora se ha conocido con el nombre de “El Libro Amarillo”, en el
cual se puede leer en su portada la siguiente nota escrita a mano: “Que lo
usen. Sacar fotocopias de las fotografías y ponerlo en boletinero para que
conozcan a sus enemigos (sic)”. Y aunque en dicho libro no se da a conocer la manera
en la cual era utilizado, sí hace énfasis en que su utilidad radicaba en la
identificación de las personas que allí aparecen para obtener cualquier información
sobre ellos y de la cual el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada haría la
“correspondiente aplicación”.
Este libro es el
producto del trabajo de las diferentes instancias de la inteligencia del Estado
salvadoreño durante esas décadas, que coordinaron su información y lograron
reunir a casi 2,000 ciudadanos salvadoreños considerados “Delincuentes Terroristas” (D/T) por la Fuerza Armada dentro de sus 266 páginas, que sufrieron en
muchos de los casos detenciones ilegales, tortura, asesinato, ejecución extrajudicial,
desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos.
Este libro
constituye por sí solo una prueba de la persecución política que se dio durante
las décadas señaladas contra diferentes personas, sectores y organizaciones de
la vida nacional por parte del Estado salvadoreño y confirma los argumentos
presentados por la Comisión de la Verdad en El Salvador en cuanto a que en el
país, además de los extintos cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada, operaban
organizaciones clandestinas destinadas a desaparecer, torturar, ejecutar y
llevar a cabo acciones catalogadas como terrorismo de estado, las cuales fueron
conocidas como escuadrones de la muerte, cuyo principal fundador según dicha
Comisión fue el exmayor Roberto d’Aubuisson.
Muchas de las actividades de
estos escuadrones estuvieron relacionadas con la información que era provista
por los organismos de inteligencia del estado, señala este informe. Como datos
que se pueden destacar a raíz del “El Libro Amarillo” es relevante el aporte del
Centro por los Derechos Humanos de la Universidad de Washington que investigó un
comunicado de 1980 del “Ejército secreto anticomunista” ligado a la extrema
derecha del país, el cual hizo circular una “lista negra” de más de 200 nombres
entre los cuales al menos 32 figuran en este libro. Otro aporte importante en
esta misma dirección es el que da la Fundación Latitudes de El Salvador, al
hacer un cruce de información de los nombres que aparecen en este libro con los
nombres que están esculpidos en el Monumento a la Memoria y la Verdad, allí encuentra
que hay 210 coincidencias entre ambos listados.
Un monumento para el recuerdo de las personas desaparecidas
y asesinadas durante el conflicto armado.
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De "El Libro Amarillo", encontramos 217 personas fallecidas/desaparecidas
que aparecen en El Monumento a la Verdad y la Memoria,
ubicado en el parque Cuscatlán, El Salvador. Archivo/Imágenes Libres. |
El Acuerdo de
Ginebra que firmaron la guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador el 4 de
abril de 1990, planteó varios objetivos entre los cuales se contemplaba la
finalización de la guerra por la vía política-negociada, impulsar la
democratización del país y el irrestricto respeto de los derechos humanos y reunificar
a la población salvadoreña. Para contribuir con el logro de estos objetivos y, como parte de los Acuerdos de Paz que firmaron el 16 de enero de 1992, ambas
partes se comprometieron a dar cumplimiento a las recomendaciones que emanaran
de la Comisión de la Verdad, que fue creada con la finalidad de investigar los
graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad
reclamaba con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad.
Dicha Comisión
expresó que, para alcanzar la meta del perdón, se debía conocer la verdad y hacer
justicia, lo cual significaba sancionar a los culpables y llevar a cabo una
reparación debida a las víctimas y familiares. Esta reparación implicaba tres
aspectos: a) una reparación material, que instaba a las partes a la creación de
un fondo especial para compensar a las víctimas de la violencia, b) una
reparación moral, donde se recomienda la construcción de un monumento
nacional en San Salvador con el nombre de todas las víctimas del conflicto, el reconocimiento
de la honorabilidad de las víctimas y de los graves delitos de los que fueron
víctimas y el establecimiento de un feriado nacional recordatorio de las
víctimas del conflicto y de afirmación de la reconciliación nacional, c) el
seguimiento para que se diera cumplimiento con estricto rigor a las
recomendaciones, en el ámbito nacional a través de un Foro de la Verdad y
Reconciliación y en el ámbito internacional a través del Experto Independiente
para El Salvador en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (“De
la locura a la esperanza”: Informe Comisión de la Verdad, 1993).
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"El Libro Amarillo" contiene alrededor de 2,000
nombres de personas consideradas "Delincuentes Terroristas" (D/T)
durante la época del conflicto armado salvadoreño. Archivo/Imágenes Libres. |
Sin embargo y a
pesar del compromiso adquirido por ambas partes, el 20 de marzo de 1993 el
presidente Cristiani, en complicidad con la Asamblea Legislativa, anunció el
Decreto Legislativo N.° 486 denominado “Ley de Amnistía General para la
Consolidación de la Paz”, con el cual todas las personas implicadas en los
graves hechos que señaló la Comisión de la Verdad quedarían en la impunidad.
Dicha Comisión había presentado su informe solamente cinco días antes del
anuncio del Decreto y con ello se cerró toda posibilidad de que se enjuiciara a
los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y más aún se
negó la posibilidad de que las víctimas pudieran recibir la reparación material
y moral que la Comisión recomendó.
Desde junio de
1997, un grupo de familiares de las víctimas y representantes de organizaciones
de la sociedad civil retomó la recomendación que diera la Comisión de la
Verdad en cuanto a la construcción del memorial a las víctimas del conflicto
armado. Así, por la omisión del gobierno, surgió y se constituyó el Comité Pro
Monumento a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos que comenzó a
realizar colectas y todas las gestiones necesarias para llevar a cabo su
construcción. El sábado 31 de enero de 1998, el Comité reunió a familiares,
líderes en derechos humanos y la vida nacional, religiosos, diversas
organizaciones y población en general en el parque Cuscatlán a las 2:00 p.m.,
para que fuesen testigos y partícipes de la colocación de la primera piedra del
Monumento.
En el marco de dicho acto, el novelista Manlio Argueta declaró que
“la nación no puede surgir de los dolores ignorados y la justicia no cumplida.
No puede haber visión de futuro si no se incluye el pesar de cientos de hombres
y mujeres que han sido víctimas, no sólo de la marginación social, sino también
de la injusticia de no poder honrar los restos de sus familiares” (Co-Latino,
28 de enero de 1998). En este mismo sentido, el Comité manifestó que el
objetivo del monumento radica en que:
este
espacio pretende ser un lugar de reencuentro entre familiares y la sociedad en
general, que permita la realización de actos públicos y de carácter masivo.
[Además,] pretende transmitir vida y deseo de lucha por la vida y pretende que
las nuevas generaciones de salvadoreños y salvadoreñas sean inspiradas hacia la
búsqueda de la razón y la construcción de nuevas formas de convivencia social
donde la impunidad no tenga cabida (Revista Memoria y Verdad 2001).
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Familiares de víctimas del conflicto armado
salvadoreño los recuerdan cada 2 de noviembre
en el Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado
en el parque Cuscatlán, El Salvador.
Archivo/Imágenes Libres. |
El Monumento a la
Memoria y la Verdad fue inaugurado el 16 de enero de 2002, el día que se
celebró el décimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Fue
construido en la esquina noroeste del parque Cuscatlán con el afán de ser un
espacio para la reflexión nacional sobre el periodo de la guerra. Está
constituido por un Muro de los Nombres de 48 piezas de granito de 2.88 m. de
altura y una longitud total de 89.36 m., un mural y el espacio de jardinería.
El listado de los nombres que está tallado en el Muro es de las víctimas
civiles del conflicto armado; por ello, no aparecen allí los nombres de los
miembros de la Fuerza Armada, de los extintos Cuerpos de Seguridad o de las
organizaciones guerrilleras que murieron en enfrentamientos. El Comité debió
llevar un arduo trabajo de unificación y depuración de nombres que provinieron
de la lista de la Comisión de la Verdad y de los listados de diferentes
organizaciones de Derechos Humanos, y aunque el Comité estableció criterios
estrictos para depurar los listados con la finalidad de evitar repeticiones y
errores. En el listado hay nombres de personas que aparecieron después de la
guerra, debido a la poca información que los familiares tenían y la cual
dieron a las organizaciones que la recopilaron en su momento, así como al temor
que sentían muchas personas por el ambiente de incertidumbre que se vivió
después de la guerra. Además, el Comité recopiló nombres de víctimas de la
década desde los años setenta, las cuales no fueron incluidas en la Comisión de la
Verdad.
En la primera plancha se puede leer:
Este es
un espacio para la memoria, su intención es inmortalizar en la conciencia
salvadoreña los nombres de mujeres y hombres, niñas y niños, víctimas de
violaciones a los derechos humanos […] Este es un memorial para el encuentro,
para nunca olvidar, para honrar su memoria, devolverles la dignidad, no
permitir que el horror se repita y sembrar las bases para una cultura de paz y
de verdadera reconciliación.
En las siguientes
planchas, se encuentran los nombres de 25,965 personas, los cuales están
ordenados por año, desde 1970 hasta 1992, y aparecen primero las personas
asesinadas y después las personas desaparecidas.
El 15 de marzo de
2008, fueron incluidos los nombres de 3,169 personas más, asesinadas y desaparecidas
entre las mismas fechas, pero que no pudieron aparecer en la sección anterior,
sobre todo porque muchas personas al terminar la guerra, por miedo no se
presentaron ante el Comité para dar información sobre sus familiares. En la
plancha 37, se lee que ellas “ofrendaron su vida por construir una sociedad más
justa y equitativa. Honremos su memoria y trabajemos por construir un país con
dignidad, justicia y verdad”.
El 30 de abril de
2009, fueron incluidos los nombres de las 194 masacres que el Comité pudo
documentar, con ello quiso cerrar los casos de las personas que no parecen en
el Monumento por diferentes razones.
La plancha 45
reza:
Es importante recordar […] para reconocer la verdad. Al
reescribir la historia estamos dignificando la memoria de las víctimas y
manteniendo la esperanza de sus familiares, porque sólo así, evitaremos que
hechos como estos vuelvan a repetirse.
Y también incluyeron la frase:
A las víctimas civiles anónimas, como homenaje de respeto y
admiración. Su nombre es Patria.
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San Salvador, El Salvador. Octubre 23, 1984.
Prisión de la Policía Nacional. Visita a detenidos. CICR/Thierry Gassmann. |
Desde el año 2002, miles de familias tienen un lugar donde pueden recordar, enflorar y colocar
velas a sus familiares asesinados y desaparecidos durante el conflicto armado
que vivió El Salvador. En este sentido, la Comisión por la Memoria Histórica, que
surgió en 1997, se ha dado a la tarea de llevar a cabo anualmente la
conmemoración a las víctimas de la guerra cada 1 o 2 de noviembre, con la cual
reúnen a familiares, amigos y amigas y organizaciones de derechos humanos para
recordarles. Además, mucha gente que visita el país y conoce un poco de la
historia salvadoreña, acude al Monumento para conocerlo.
En torno a este
espacio, también ha sucedido que en varias ocasiones, marchas que han transitado
en las afueras del parque Cuscatlán han hecho una parada en el costado
adyacente al Monumento para llevar a cabo un pequeño acto en recuerdo de las
víctimas y para hacer explícito que El Salvador tiene ahora un mínimo de
garantías que permite abiertamente las protestas y marchas en las calles, con
lo cual exponen directamente sus demandas sociales en este lugar. Un ejemplo
muy claro de esta situación se da cada 24 de marzo, fecha del aniversario del
asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ya que por la mañana las
organizaciones sociales efectúan una marcha política y al pasar por el parque
llevan a cabo un pequeño mitin en el que se exige justicia por su asesinato, y
por la noche, cuando una fundación con carácter religioso pasa con su
“procesión de los farolitos” en ese mismo lugar y lleva a cabo una “estación
religiosa” con un rezo.
Este espacio
ahora se ha constituido en un lugar de memoria, ya que El Monumento a la
Memoria y la Verdad es visitado durante el transcurso del año por familiares y
otras personas que recuerdan a quienes desaparecieron o murieron durante el
conflicto armado en El Salvador y cuyos nombres aparecen en el Muro porque no
combatieron, pero sí fueron personas que lucharon por cambiar las estructuras
de desigualdad, de injusticia, de condiciones en la calidad de vida (salud,
vivienda, educación, alimentación, etc.), y esa búsqueda de un futuro mejor
para la población salvadoreña aún suena en las voces de quienes les recuerdan
en este Monumento, estas personas llegan allí porque quienes desaparecieron o
murieron durante el conflicto armado les motivan a continuar con la lucha que
no pudieron ver concluida.
Ahora la principal demanda que se escucha en este
lugar es la de justicia, porque quienes visitan este Monumento aún no
encuentran los cuerpos de las personas desaparecidas, porque aún no tienen una
reparación moral ni económica de parte del Estado, pero lo que es más grave,
porque aún no tienen la verdad de los hechos ya que no se quiere juzgar a los
responsables, y esta situación tiene un vínculo con el pasado, y fue Monseñor
Romero quien se refirió a ello diciendo: “Porque me decía un pobrecito una frase que no se les
va a olvidar a ustedes, como no se me olvida a mí: Es que la ley Monseñor, es como la culebra, sólo pica a los que andamos descalzados”
(Homilía, 20/08/78). Y, con
ello, se referían tanto el campesino como Romero a que la justicia no llega a
los pobres. Estas personas que acuden al Monumento siguen atentas de las
noticias que aparecen sobre la posible derogación de la ley de amnistía de 1993
porque tienen la esperanza de que algún día se hará justicia y en El Salvador
se podrá alcanzar la anhelada reconciliación.
El “Libro
Amarillo”, por tanto, condujo a la Fundación Latitudes a buscar entre los nombres del
Monumento a la Memoria y la Verdad las coincidencias que pudieran existir entre
ambos listados, y fueron encontradas. Ahora hay que esperar que este mismo
libro pueda conducir a las instituciones del Estado que velan por la justicia a
que se haga justicia en El Salvador, con los casos de las personas
desaparecidas y asesinadas durante el conflicto armado.
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San Salvador, El Salvador. Octubre 23, 1984.
Prisión de la Policía Nacional. Visita a detenidos. CICR/Thierry Gassmann. |
